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El consejero Baltazar Morales Parraguez, representante de la Corte Suprema, resalta la aplicación de la ratificación de oficio.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha mejorado notablemente el procedimiento de evaluación y ratificación de magistrados y también muestra avances en la reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales. Así se expresa el consejero Baltazar Morales Parraguez, representante de la Corte Suprema de Justicia, quien también explica por qué hace unos días se negó a jurar ante una comisión investigadora del Congreso de la República.

¿Qué avances se han alcanzado en el ejercicio de las funciones constitucionales del CNM desde que usted es consejero titular?

Hay avances, sin duda. Cuando yo llegué al CNM tenía un plan de trabajo que incluía, entre otros aspectos, la mejora del procedimiento de evaluación integral y ratificación de magistrados. Eso se ha logrado, por acuerdo del pleno del CNM, con la implementación de la denominada “ratificación de oficio” que rige actualmente. Un magistrado ordenado y probo que tenga todos sus documentos al día no requiere que el CNM lo entreviste cada siete años. Un segundo avance, instituido mediante acuerdo del pleno del CNM, es que los jueces y fiscales al ser entrevistados en el proceso de ratificación se sientan en una mesa redonda al mismo nivel que los consejeros porque un juez o fiscal en proceso de ratificación no es un reo que comparece ante un tribunal.

¿Qué otras medidas se han tomado para facilitar los procedimientos que en el CNM involucran a jueces y fiscales?

Ahora en los procedimientos de evaluación y ratificación no se les solicita a los magistrados los documentos que obran en archivos del CNM (partida de nacimiento, título profesional, grados académicos, etc.). Esto ha sido posible con la implementación de la Ficha Única del Magistrado que debe contener toda la información relevante del juez o fiscal (formación académica, resoluciones, récord disciplinario, etc.) y ellos mismos actualizan esta plataforma. El CNM evalúa a los magistrados a partir de los criterios de idoneidad y formación. Un magistrado para ser idóneo debe conocer el derecho; y también debe tener una sólida formación ética que se refleja en su conducta personal. El CNM no se queda solo con los méritos que se exhiben, les preguntamos por su trabajo, los evaluamos a través de sus decisiones jurisdiccionales o fiscales.

El CNM tiene varias convocatorias en curso. ¿Se está trabajando para reducir la provisionalidad en la magistratura?

Se ha avanzado también en ese aspecto. Debo destacar la instauración de exámenes de suficiencia en lenguas originarias a aquellos postulantes que aspiran a ocupar una plaza de juez o fiscal en zonas del país donde se habla mayoritariamente esas lenguas. Ese es un reclamo de los justiciables en el interior del país y el CNM lo ha atendido. Y actualmente hay varias convocatorias en proceso que al final culminarán con nombramientos de jueces y fiscales que nos ayudarán a reducir la provisionalidad en la magistratura.

¿Se ha avanzado también en la descentralización del CNM?

Si bien el CNM, por ser un organismo de carácter nacional, debe tener la información centralizada, es importante que los consejeros vayamos a las regiones donde se encuentran, por ejemplo, los magistrados que van a pasar por un procedimiento de evaluación y ratificación. Considero que el CNM debe recoger información sobre los magistrados de las instituciones competentes para tener elementos de juicio para cumplir su función. Estoy convencido de que la Comisión de Evaluación y Ratificación del CNM, que me honro en presidir, para cumplir de manera más efectiva su labor, debe viajar al interior del país.

¿Cuál es la visión que tiene usted del CNM cuando en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, deje de ser consejero?

Hay muchas tareas por hacer. Debemos de optimizar aún más las funciones de selección y nombramiento; evaluación y ratificación; y de procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales. Existen una ley de carrera judicial y una ley de carrera fiscal, pero lo cierto es que cuando hay una plaza vacante de juez o fiscal supremo la mayoría de los que postulan nunca han sido magistrados, es decir, no se respeta la carrera, al extremo que según la ley el 70% de las plazas es para el concurso abierto y el 30% para el ascenso. Otro tema de importancia es que el CNM toma los exámenes para nombramiento o ascenso de magistrados, pero las pruebas no son coordinadas con la Academia de la Magistratura que es la que ha capacitado a esos magistrados. No tiene sentido. Y también creo que por transparencia la votación de los consejeros para el nombramiento de magistrados no debe ser secreta, sino pública. Actualmente no lo es y eso debería corregirse.

Finalmente, hace unos días usted fue invitado por una comisión investigadora del Congreso y se negó a jurar antes de declarar. ¿Cuál fue la razón?

Efectivamente, hace unos días fui invitado por la comisión investigadora del caso Madre Mía para explicar los alcances de una ejecutoria suprema expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la que yo actué como vocal ponente cuando me desempeñaba como juez de la Corte Suprema de Justicia. Yo me negué a jurar al inicio de la sesión porque yo estaba allí como invitado y no como investigado ni como testigo. Además, la Constitución es muy clara cuando en su artículo 146, inciso 1, establece que los magistrados solo se deben a la Constitución y la ley cuando emiten sus decisiones jurisdiccionales. Insisto: los jueces no estamos obligados a dar cuenta de nuestros actos a otro poder del estado. Por otra parte, con relación a la mencionada ejecutoria debo decir que la sala que yo integré resolvió que dos de los tres acusados que habían sido absueltos del delito de cohecho activo específico estaban bien absueltos y un tercero absuelto por la Sala, consideramos que había sido mal calificado en el tipo penal, lo que nos llevó a declarar de oficio fundada una excepción de naturaleza de acción por ser “atípico”. En este caso se aplicó lo que se conoce en el Derecho Procesal como principio acusatorio, en razón que si el fiscal supremo dice que están bien absueltos los jueces, ya no se puede continuar con la prosecución del proceso, pues el titular de la persecución, acusación penal es el fiscal: si no hay acusación no hay juicio. Eso fue todo lo que ocurrió.

Consejo Nacional de la Magistratura

San Isidro, 08 de junio de 2018

 

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